Toques de queda, ataques a la prensa, detenciones arbitrarias y minimización de la pandemia. La lucha contra el nuevo coronavirus en Centroamérica mina con rapidez la tambaleante estabilidad democrática de la región, una asignatura pendiente desde el fin del conflicto armado.
Los líderes de El Salvador, Honduras y Guatemala han tomado como excusa la urgencia de evitar el avance de la covid-19 para violentar derechos esenciales de los ciudadanos e inclinarse hacia la concentración de poder. El caso extremo es Nicaragua, cuyo gobierno tomó escasas medidas para frenar los contagios.
La muestra de prácticas autoritarias en plena emergencia sanitaria ahonda el debilitamiento de las normas democráticas y la transparencia institucional en el Istmo, las cuales venían en franco declive desde el golpe de Estado en Honduras en el 2009.
“La pandemia no provoca la regresión democrática, más bien lo que hace es dar una nueva oportunidad a las fuerzas más autoritarias de tratar de imponerse y agrava esa tendencia en los países en los que ya era evidente”, explicó Jorge Vargas Cullell, director del programa Estado de la Nación.
“Es como si alguien que venía con ganas de comerse un queque, le pusieran el queque al frente”, agregó.
Al inicio de la crisis sanitaria, el presidente salvadoreño Nayib Bukele emitió un decreto para detener a los ciudadanos que violaran la cuarentena.
Cientos de personas fueron capturadas y recluidas en centros bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad. Incluso, un hombre murió en uno de estos espacios luego de no recibir la atención médica adecuada. También fueron arrestados ciudadanos por no usar mascarilla, un asunto que no estaba contemplado en el decreto presidencial.
“El mandatario actúa como si cualquier política fuera válida para detener a la covid-19, incluida la adopción de medidas que han llevado a cientos de arrestos arbitrarios”, afirmó en abril José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Asimismo, el gobernante, que lleva poco más de un año en el poder, mantiene una guerra abierta con la Corte Suprema de Justicia, ya que el órgano fiscalizador ha tumbado al menos 10 decretos ejecutivos relacionados con la pandemia, incluyendo el de la extensión de la cuarentena.
Bukele respondió a los magistrados de esta forma: “Los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera de verdad un dictador. Salvas 1.000 vidas a cambio de cinco”.
Las personas solo podían circular con el fin de comprar alimentos, medicinas, trasladarse a establecimientos sanitarios y acudir a lugares de trabajo autorizados. La medida se mantiene, pero con menos restricciones.
“Al inicio, el Gobierno no dio ningún espacio de diálogo a los principales sectores de la oposición, solo abrió la vía con los empresarios, quienes después se distanciaron del presidente. Juan Orlando Hernández recibió muchas críticas por eso y luego se sumaron los escándalos de corrupción”, mencionó el sociólogo y profesor universitario hondureño, Eugenio Sosa.
